La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará la solicitud de repatriación que realizó el presunto líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien se encuentra recluido en una penitenciaría de Estados Unidos.
“Sí en efecto fue recibida en el Consulado de Nueva York, está solicitud, pero nosotros lo estamos planteando a la Fiscalía de la República, ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho en este tema”, aseguró Sheinbaum Pardo.
Dicha petición fue presentada ayer, a través de su asesor jurídico Juan Manuel Delgado en el consulado de México en Nueva York. En el escrito, Zambada solicita la intervención del gobierno de mexicano para que pueda ser repatriado y seguir en México su proceso penal.
Tras la confirmación, la mandataria explicó que la revisión no tiene que ver con la persona sino con la forma en la que se llevó a cabo la detención, sin intervención del Gobierno Mexicano.
“Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido. El asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, pongamos a otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en EEUU y que se lo llevan sin ninguna participación de Gobierno, y se juzga con pena de muerte. Entonces sí hay un tema, nadie está defendiendo al personaje sino el hecho”, insistió.
Además, detalló que el fiscal Alejandro Gertz, ya tiene una carpeta de investigación sobre el tema; por lo que subrayó que ya se analiza y trabaja en el tema. En este sentido, la mandataria adelantó que el próximo martes en el informe de seguridad se revelarán más detalles entorno al avance de esta petición.
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Ismael “El Mayo” Zambada solicita repatriación para evitar pena de muerte.
“El Mayo”, quien se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Estados Unidos, por tráfico de drogas y otros delitos, exigió al gobierno de México intervenir en su situación jurídica y advirtió, que de no hacerlo la relación bilateral entre ambos países sufrirá un “colapso”.
En la misiva, argumentó que su detención fue “irregular e ilegal” y que de no haber respuesta se estaría traicionando al sistema jurídico nacional y “al deber de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, sin excepción».
“Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito será condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda”, se lee en la misiva.
