Una jueza de Distrito otorgó una suspensión de amparo que ordena la liberación de Blas Escamilla, funcionario de la Secretaría del Trabajo de Nuevo León, al considerar que la prisión preventiva dictada en su contra fue arbitraria, ilegal y desproporcionada.
Héctor Mateos Urbina, abogado defensor de Escamilla, señaló que ni el Ministerio Público ni el Juez de Control presentaron argumentos o pruebas que justificaran la medida cautelar.
La resolución establece que el Poder Judicial tiene un plazo de 48 horas, a partir de las 10:30 horas de este martes para liberar al funcionario, quien continuará sujeto a proceso penal, pero en libertad.
Blas Escamilla fue detenido el pasado 19 de diciembre por agentes de la Fiscalía Anticorrupción tras ser acusado de abuso de confianza y hostigamiento político contra diputadas locales de oposición. Desde el 20 de diciembre, permanecía bajo prisión preventiva en el Penal de Apodaca.
El caso del funcionario tomó relevancia debido a que la diputada priista Perla Villarreal lo acusó a él y al titular de la Secretaría del Trabajo, Federico Rojas, de realizar cierres y clausuras arbitrarias de negocios de familiares de varios diputados opositores.
La denuncia también fue respaldada por otros legisladores, entre ellos Lorena de la Garza. La presidenta del Congreso de Nuevo León había solicitado previamente la salida de Escamilla de una sesión, al identificarlo como responsable de la persecución política contra varios diputados.
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“Es una persona que tuvo que ver con la persecución política para varios de los integrantes de esta Legislatura, no me siento bien teniéndolo aquí y en esta sesión, le quiero pedir apoyo a la primer vicepresidencia”, señaló De la Garza.
El pasado 28 de diciembre, Escamilla fue trasladado al Hospital Universitario por problemas de salud. De acuerdo con versiones periodísticas, a pesar de su liberación el caso sigue en investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y hostigamiento político.
