Con 70 votos a favor y 39 en contra, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Amparo, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, el primer transitorio del dictamen desató un intenso debate por su supuesta naturaleza retroactiva, que la Oposición calificó como violatoria del Artículo 14 constitucional, el cual prohíbe la retroactividad de las leyes en perjuicio de las personas.
Un transitorio polémico
El núcleo de la controversia radica en el primer transitorio de la nueva Ley, que establece que «los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”.
Esta redacción elimina el tercer transitorio de la legislación anterior, que permitía resolver los casos en trámite conforme a la ley vigente al inicio del proceso. Para la Oposición, esta modificación implica una aplicación retroactiva que afecta 706 mil casos de amparo en trámite hasta 2024.
La priista Claudia Anaya acusó que el cambio fue introducido de manera sorpresiva, atribuyéndolo a un “duende legislativo”.
Por su parte, la emecista Alejandra Barrales criticó la inconsistencia de Morena, comparándolos con la “Chimoltrufia” por contradicciones en la redacción del dictamen a lo largo del día. “La ilegalidad está en la retroactividad que afecta a miles de casos en trámite”, afirmó.
Te podríainteresar
Morena defiende la reforma
El morenista Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, quien presentó una reserva al dictamen, defendió que la reforma no afecta derechos adquiridos ni la esencia del juicio de amparo.
“No hay retroactividad violatoria. La Ley se aplica desde su entrada en vigor hacia adelante, y lo que discutimos solo precisa la naturaleza jurídica del amparo”, subrayó, apoyándose en cinco jurisprudencias que indican que las leyes procesales no son retroactivas por regla general.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, respaldó la iniciativa, argumentando que busca modernizar la justicia constitucional y fiscal, incorporando propuestas de audiencias públicas.
Según Corral, el dictamen responde a la necesidad de armonizar la Ley con avances tecnológicos y demandas de una justicia más accesible y expedita.
Críticas de la Oposición
La Oposición, conformada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, expresó su rechazo. La priista Carolina Viggiano Austria señaló que la reforma restringe la admisión, suspensión y ejecución de sentencias de amparo, dejando a la ciudadanía desprotegida frente a los abusos del poder. “Con esta reforma, el gobierno y los poderosos reciben protección, no el pueblo”, afirmó.
Por su parte, la panista Verónica Rodríguez Hernández acusó a Morena de priorizar el poder de las autoridades sobre los derechos de las personas. “El mensaje es claro: menos defensa para la ciudadanía y más poder para el gobierno”, sentenció.
