El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se convirtió en tendencia nacional al publicar en sus redes sociales que ya recibió su tarjeta del Banco del Bienestar.
Con el mensaje “Feliz feliciano, ya me llegó mi tarjeta del bienestar”, el legislador celebró su incorporación al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga 6,200 pesos bimestrales a mayores de 65 años.
¿Por qué Noroña puede recibir la Pensión del Bienestar?
Fernández Noroña cumplió 65 años el pasado 19 de marzo de 2025 (nacido en 1960).
Desde entonces, había expresado públicamente su intención de tramitar el apoyo. La Pensión para el Bienestar es un programa universal establecido en la Constitución mexicana: no hay restricciones por ingresos, salario o patrimonio. Cualquier persona mayor de 65 años residente en México tiene derecho a recibirla, independientemente de si trabaja o percibe otras pensiones.
Te podríainteresar
El monto actual es de 6,200 pesos bimestrales en 2025, con un incremento proyectado para 2026.
La polémica que desató su publicación
Aunque legal, la noticia generó una ola de críticas en redes sociales y medios. Los detractores señalan que Noroña percibe un salario mensual como senador superior a los 130,000 pesos (algunas fuentes mencionan hasta 171,000 pesos como ex presidente de la Mesa Directiva del Senado).
https://twitter.com/fernandeznorona/status/2000668636760138218?s=20
Además, este año ha estado envuelto en controversias por:
– Un viaje a Francia captado en fotos de lujo.
– La compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en alrededor de 12 millones de pesos (que él defiende como pagada a crédito).
– Su discurso de «austeridad republicana» asociado a la Cuarta Transformación.
Usuarios en X (Twitter) lo acusan de contradicción: «¿Para qué necesita la pensión si gana tanto?» o «¿Es para más viajes en primera clase?». Otros generan memes y debates sobre si funcionarios públicos deberían renunciar voluntariamente a estos apoyos destinados principalmente a sectores vulnerables.
Por otro lado, sus defensores argumentan que es un derecho constitucional y que rechazarla sería discriminatorio o clasista.
