El Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum llegó al Senado de la República donde fue entregada formalmente esa misma tarde por Juan Ramiro Robledo Ruiz, enlace de la Secretaría de Gobernación con el Congreso.
¿Qué es el Plan B de la reforma electoral?
Tras el rechazo en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional original (que buscaba cambios más profundos como reducción de financiamiento a partidos y plurinominales), el gobierno optó por un enfoque alternativo centrado en reformas secundarias y ajustes presupuestales para reducir privilegios, bajar costos del sistema electoral y fortalecer la austeridad republicana.
La propuesta incluye tanto modificaciones constitucionales como a leyes secundarias, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Principales puntos del Plan B:
– Tope salarial: Ningún consejero del INE, funcionario de organismos electorales locales (OPLES), magistrado o servidor público podrá ganar más que el presidente de la República.
– Recortes presupuestales: Reducción de gastos en congresos locales, ayuntamientos (municipios), regidurías y órganos electorales para generar ahorros estimados en miles de millones de pesos, que se reorientarían a beneficio de la población.
-Límite a regidurías y privilegios: Menos regidores en cabildos municipales y eliminación de excesos en legislaturas estatales.
– Mayor fiscalización a partidos: Refuerzo en la vigilancia de recursos vía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y banca, para evitar financiamiento ilícito.
– Revocación de mandato: Posibilidad de solicitarla en el tercer o cuarto año del sexenio (posiblemente 2027 o 2028), ampliando la participación ciudadana.
– Elección judicial: Se mantiene el proceso para 2027, con ajustes como reducción de candidatos en boletas y filtros más estrictos.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Morena, PT y PVEMen el Senado, donde se prevé su discusión y posible aprobación (suman mayoría calificada en algunos aspectos).
La oposición (PRI, PAN, MC) ya adelantó rechazo, calificándola como una versión «descafeinada» o insuficiente.
¿Qué sigue ahora?
El Senado recibirá la propuesta para su análisis, debate y votación. Si avanza, podría impactar los procesos electorales próximos, incluyendo la revocación de mandato y la elección judicial de 2027.
El gobierno insiste en que el objetivo es bajar costos del sistema electoral, eliminar privilegios y aumentar la democracia participativa.










