Hoy el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, presentó un informe sobre las fallas cometidas por las autoridades de Jalisco en la investigación sobre el caso Teuchitlán, donde se presume la existencia de un campo de exterminio del crimen organizado.
El informe analiza y valora una carpeta de investigación local que se pretende atraer a la federación, destacando múltiples deficiencias en las diligencias ministeriales realizadas por el fuero común en septiembre y octubre del año pasado.
Te podríainteresar
Entre los principales hallazgos se encuentran: la falta de rastreo de indicios o huellas en el lugar de los hechos, el incumplimiento en el registro e identificación de prendas y calzado abandonados, y la deficiente procesamiento de vehículos encontrados, de los cuales tres fueron robados.
Además, no se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República pese a delitos como posesión de armas de alto calibre y delincuencia organizada, ni se realizó una inspección exhaustiva del sitio o la identificación de huellas dactilares.
Seis meses después, los servicios periciales de Jalisco no han emitido un dictamen definitivo sobre la antigüedad e identidad de restos encontrados, ni han realizado análisis que vinculen zanjas con posibles actividades crematorias a altas temperaturas.
También se señala la falta de precisión en establecer vínculos entre autoridades locales y cárteles delictivos, pese a declaraciones de víctimas que implican a policías de Tala, uno de los cuales está detenido.
Además no se siguieron pistas clave, como la declaración de una víctima sobre prendas vinculadas a personas reclutadas por el cartel, cuya identificación reciente conecta con sicarios detenidos en otras entidades.
El inmueble, asegurado por el Ministerio Público local, quedó abandonado sin protección, y no se investigaron de inmediato la propiedad del lugar ni las responsabilidades de autoridades municipales de Teuchitlán.
Ante estas omisiones, se ha requerido con urgencia a las autoridades estatales que entreguen a la Fiscalía General de la República todos los peritajes y actuaciones relacionadas para determinar lo procedente.
