El pasado 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante las celebraciones del Día de Muertos, a pesar de contar con la protección de 14 elementos de la Guardia Nacional y policías municipales.
Este trágico evento ha generado una ola de indignación y protestas en la región, destacando la persistente inseguridad que afecta a Michoacán.
En la conferencia de prensa del 3 de noviembre de 2025, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, abordó el caso, afirmando que no hay indicios de que el grupo de policías municipales que protegía a Manzo tenga vínculos con la delincuencia organizada.
“No se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la policía municipal, que cuidaba al alcalde, tenía vínculo con delincuencia organizada”, declaró Omar García Harfuch.
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Sin embargo, las investigaciones continúan, y se están revisando videos de los hechos, así como grabaciones de las actividades previas del agresor en negocios cercanos.
Manzo, quien había denunciado públicamente la presencia de grupos criminales en Uruapan y solicitado mayor apoyo federal, se convierte en el séptimo alcalde asesinado en Michoacán desde 2022.
Esta escalada de violencia ocurre en un estado históricamente afectado por el narcotráfico y la lucha entre cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios.
La muerte de Manzo no solo ha desencadenado protestas, sino que también ha puesto en el centro del debate la eficacia de las estrategias de seguridad del gobierno federal.
García Harfuch enfatizó la colaboración con las fiscalías de Michoacán para esclarecer el crimen, aunque reconoció que aún no se han encontrado vínculos directos entre los escoltas de Manzo y el crimen organizado.
Este incidente refleja los desafíos que enfrenta México en su lucha contra la violencia y el crimen organizado, especialmente en estados como Michoacán, donde la presencia de grupos delictivos sigue siendo un problema crítico.
La comunidad internacional y los ciudadanos mexicanos esperan respuestas concretas y medidas efectivas para garantizar la seguridad y la justicia.
