La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el proceso penal por el caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados se encuentra temporalmente frenado.
A pesar de los esfuerzos institucionales por recuperar los recursos públicos desvalijados, dos procedimientos de apelación pendientes en un tribunal colegiado impiden actualmente que se proceda legalmente contra el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya y el empresario Alonso Ancira.
A través de un informe detallado, la FGR desglosó el estado del acuerdo reparatorio y las trabas legales que mantienen congelada la resolución definitiva de este emblemático caso de corrupción.
El freno legal en los tribunales
El avance del caso se ha topado con una muralla de recursos de impugnación. Aunque la Fiscalía ha logrado desmontar la principal estrategia defensiva, el panorama judicial se mantiene en pausa:
-Noviembre de 2025: Se le negó el juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya.
-Junio de 2026: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la negativa de dicho amparo tras un recurso de revisión interpuesto por la defensa de Lozoya.
-El obstáculo actual: A pesar de haber perdido el amparo, la existencia de dos apelaciones pendientes de resolver en un tribunal colegiado frena por completo la prosecución del procedimiento penal tanto para Lozoya como para Ancira.
Ancira y el acuerdo reparatorio incumplido con PEMEX
El origen de este freno también se conecta con el acuerdo reparatorio que Alonso Ancira celebró con Petróleos Mexicanos (PEMEX) para resarcir el daño patrimonial por la compraventa de Agronitrogenados con un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares.
El trato original, garantizado con el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, inmuebles y hornos, estipulaba un pago en tres parcialidades:
-Primera parcialidad (2021): $50,000,040 USD (Pagado)
-Segunda parcialidad (2022): $54,166,010 USD (Pagado)
-Tercera parcialidad (2023): $112,497,990 USD (Incumplido)
Prórroga vencida y limbo judicial
Debido al impago de la última cuota en noviembre de 2023, Ancira argumentó problemas por la reestructura financiera de su empresa y solicitó una prórroga.
PEMEX y el Juez de Control aceptaron extender el plazo hasta el 30 de noviembre de 2024.
Sin embargo, en junio de 2024, el Juez de Control decidió reservar la aprobación definitiva de esta prórroga debido a las suspensiones derivadas de los amparos de Emilio Lozoya.
La ley determinó que no se podía cerrar el proceso de forma definitiva mientras esos asuntos estuvieran en el aire.
El balance del daño y el compromiso de la FGR
El dictamen contable de la FGR recuerda la magnitud del daño económico al Estado: PEMEX pagó 275 millones de dólares por una planta que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) valuó en apenas 58 millones 335 mil 960 dólares (el costo de una planta nueva).
Al día de hoy, Ancira solo ha cubierto 104 millones 166 mil 50 dólares, dejando pendiente más de la mitad del adeudo.









