La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la reciente reforma judicial aprobada en México y señaló que evaluará posibles mecanismos para combatirla una vez que entre en vigor.
La audiencia en la que jueces y magistrados expusieron sus objeciones ante la reforma se llevó a cabo en la sede de la CIDH en Washington.
Encabezada por juezas y magistradas, una delegación de trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) presentó sus argumentos en contra de la reforma, mientras que el gobierno de México fue representado por la diplomática Luz Baños y por el consejero jurídico José Antonio Montero Solano.
Comisionados independientes de la CIDH y de la Organización de las Naciones Unidas cuestionaron la base de la reforma y preguntaron cuál había sido el diagnóstico que justificara el despido de cientos de jueces y magistrados.
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Como respuesta, Montero Solano admitió que no existía un diagnóstico formal, aunque argumentó que el partido oficialista había incluido la reforma como parte de su plataforma electoral en las elecciones de junio pasado.
La voz de las mujeres en el PJF
Durante la audiencia, la jueza Claudia Elena Hurtado, en representación de un grupo de 17 juezas que lograron sus cargos en un concurso de oposición en 2019 para reducir la brecha de género, describió cómo la reforma judicial ha impactado su vida laboral y personal.
“Es importante señalar que la reforma desde su gestación ha implicado una violencia institucional y política de género que ha impactado más a las mujeres que a los hombres… Para el 2027, 486 mujeres que habíamos logrado romper el techo de cristal, seremos paradójicamente invisibilizadas y destituidas… Por eso le decimos a la presidenta que desafortunadamente no, no llegamos todas”
“Mis compañeras y yo con una antigüedad de entre 10 y 26 años somos funcionarias de carrera judicial y al mismo tiempo realizamos labores como madres, jefas de familia y cuidadoras de otros familiares. Somos un grupo de mujeres altamente calificadas que, con gran esfuerzo, estudio y dedicación logramos nuestros cargos en un concurso con exigencias rigurosas. La reforma no sólo es regresiva a la acción afirmativa implementada, sino que ha truncado nuestro proyecto de vida”.
Críticas de la CIDH
Tras escuchar los argumentos, los comisionados Andrea Pochak y Carlos Bernal expresaron su escepticismo y críticas hacia la reforma. Por su parte, Bernal calificó la reforma como constitucionalismo abusivo.
“Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos… se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero.., y el caso de México es de libro.”
Comisionado de la @CIDH calificó a la reforma judicial de México como un ejemplo de constitucionalismo abusivo y autoritario.
“Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, -se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero-, y el caso de México es… pic.twitter.com/QEdkt0POs0
— Clips SCJN (@SCJN_Clips) November 12, 2024
“Cuanto más se delibere una reforma constitucional menos debe ser la intensidad del control judicial. Y, todo lo contrario, si una reforma se pasa en pocas horas, el control judicial debe ser muy intenso”
Así mismo, Bernal subrayó que la reforma vulnera el principio de mérito, de derechos adquiridos; así como el principio de confianza legitima y viola el debido proceso constitucional y el debido proceso de acceder a cargos por concurso.
“Un gobierno que ha arrasado en las urnas para todos los cargos de elección popular, ¿no es un poco sospechoso que también quiera que una elección popular de jueces?”, finalizó
Inconsistencias en el diagnóstico
La comisionada de la CIDH en Washington, Andrea Pochak agradeció la disposición de los representantes del gobierno, pero antes planteó varias preguntas sobre los antecedentes de la reforma, empezando por el diagnóstico por la cual se sustentó y por qué no incluyó a las fiscalías, limitándose únicamente al Poder Judicial.
También cuestionó cómo se evitará la injerencia del crimen organizado en la elección de jueces y qué medidas se tomarán para garantizar que solo juristas honestos puedan participar sin riesgos de violencia o presiones externas.
El representante de la Consejería Jurídica, José Antonio Montero, contestó que, para evitar la infiltración del crimen organizado, se prohibirá el financiamiento privado en las campañas para elegir jueces y el Instituto Nacional Electoral (INE) asignará tiempos oficiales en medios de comunicación a los aspirantes.
Sin embargo, Montero no respondió a la pregunta sobre la conformación de los comités encargados de elegir a los candidatos.
De acuerdo con la resolución, la CIDH seguirá monitoreando la situación y podría tomar medidas para garantizar el respeto a los derechos de los jueces y magistrados afectados por la reforma judicial en México.
“La democratización de la justicia no puede ir en contra otro de los principios fundamentales del sistema interamericano, la independencia judicial”, sentenció Pochak
