La nueva Ley de Ingresos 2026, presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluye una propuesta que ha generado controversia entre los gamers mexicanos: un nuevo impuesto especial del 8% que afectará a los videojuegos con contenido violento.
Esta medida, enmarcada en los «impuestos saludables», busca desincentivar el consumo de videojuegos clasificados como violentos o para adultos, argumentando su relación con problemas de salud mental y comportamientos agresivos en adolescentes.
¿En qué consiste el nuevo impuesto a videojuegos?
El Paquete Económico 2026 propone aplicar un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8% a videojuegos clasificados como violentos, específicamente aquellos con clasificaciones C y D (no aptos para menores de 18 años), en formatos físicos y digitales.
Según Hacienda, esta medida podría generar una recaudación de 183 millones de pesos en 2026, destinados a un fondo para atender problemas de salud pública.
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La justificación se basa en estudios que asocian el consumo de videojuegos violentos con un aumento de agresividad, aislamiento social y ansiedad en adolescentes.[
¿Qué videojuegos se verán afectados?
El impuesto se aplicará a títulos con contenido violento, extremo o para adultos, como franquicias populares:
– Call of Duty
– Grand Theft Auto VI (previsto para 2026)
– Mortal Kombat
– DOOM
– Battlefield
Estos juegos, clasificados como C o D, podrían ver un incremento del 8% en su precio final, lo que afectará tanto a compras físicas como digitales.
Sin embargo, aún no está claro si el impuesto se extenderá a microtransacciones o servicios de suscripción como Xbox Game Pass o PlayStation Plus.
Contexto de la industria gamer en México
México es el décimo mercado de videojuegos a nivel mundial y el primero en América Latina, con más de 76 millones de jugadores activos y una industria que superó los 2,300 millones de dólares en 2024.
Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, el 26% de los gamers mexicanos juega títulos de disparos y el 25% de peleas, con un consumo significativo incluso entre menores. El gobierno argumenta que el acceso fácil a estos juegos, especialmente por medios digitales, dificulta el control parental, justificando la nueva carga fiscal.
Impacto en los consumidores y la industria
– Aumento de precios: Un juego que actualmente cuesta $1,000 MXN podría pasar a $1,080 MXN, lo que podría desincentivar compras, especialmente en un contexto donde los videojuegos de última generación ya rondan los $1,500-$2,000 MXN.
-Carga para plataformas digitales: Las plataformas como Steam, PlayStation Store o Xbox deberán inscribirse en el SAT, emitir comprobantes con el impuesto y reportar operaciones, con riesgo de bloqueo temporal en caso de incumplimiento.
