La Fiscalía General de la República reveló hoy que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que causó la muerte de 13 personas en Oaxaca, fue provocado por el exceso de velocidad en el que circulaba la locomotora operada por la Secretaría de la Marina.
Al dar a conocer el Informe Inicial sobre las investigaciones de este accidente, la Fiscal Ernestina Godoy explicó que ya se ejerció acción penal por el delito de homicidio culposo en contra del operador de la locomotora.
El pasado 28 de diciembre la Línea Z del Tren Interoceánico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló en Oaxaca provocando la muerte de 14 personas y 98 lesionadas.
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Según los datos extraídos de la «caja negra» (registrador Pulser) de la locomotora, el tren circulaba a 65 km/h en un tramo donde la velocidad máxima autorizada era de 50 km/h para servicios de pasajeros (y 45 km/h en algunos casos de carga).
Esto representa un exceso de 15 km/h, suficiente para comprometer la estabilidad en la curva donde ocurrió el siniestro, entre las localidades de Nizandá y Chivela, en el punto kilométrico 230+290 de la Línea Z.
Ernestina Godoy descartó daños estructurales graves en la vía o en el material rodante como causa principal. En su lugar, enfatizó que «el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro», lo que apunta a una posible falla humana en la operación.
La FGR ya inició acciones penales contra el operador de la locomotora y otros funcionarios de la Secretaría de Marina (SEMAR), responsable de la operación del Corredor Interoceánico.
Los delitos en investigación incluyen homicidio culposo, además de posibles omisiones en protocolos de seguridad.
¿Qué Sigue en la Investigación y para las Víctimas?
La FGR continúa integrando la carpeta de investigación, con peritajes adicionales de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF). Se espera un dictamen final más completo en las próximas semanas, junto con la reparación integral del daño a las familias afectadas.
Víctimas y familiares han presentado denuncias colectivas contra constructoras y responsables, exigiendo justicia y mejoras en seguridad.
