El Gobierno de la CDMX, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, anunció y ejecutó el rescate de 936 perros y gatos del Refugio Franciscano, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.
¿Por qué se realizó el operativo?
Tras múltiples denuncias ciudadanas desde finales de 2025, la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) realizaron inspecciones periciales que confirmaron graves irregularidades:
– Hacinamiento severo.
– Malas condiciones de salud.
– Negligencia.
– Uso de medicamentos caducados.
– Falta de ventilación y movilidad restringida.
– Acumulación de heces y orina.
La fiscal Bertha Alcalde Luján detalló que al menos 798 animales presentaban signos compatibles con maltrato y crueldad animal.
Además, se reportaron 21 muertes previas (fuera del inmueble) y 20 animales hospitalizados al 6 de enero.
Clara Brugada enfatizó que la prioridad es el bienestar animal y que el operativo no está relacionado con la disputa legal por el predio (un conflicto civil entre particulares).
Desarrollo del Operativo del 7 de Enero
Más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), incluyendo la Brigada de Vigilancia Animal, participaron en la acción.
Los animales fueron trasladados a lugares seguros. Unos, lo más críticos, al Hospital Veterinario de la CDMX.
El resto en espacios en el Ajusco y apoyo de clínicas privadas si es necesario.
El operativo generó enfrentamientos entre policías y manifestantes/animalistas que intentaron impedir la extracción, con bloqueos en la carretera México-Toluca y acusaciones de represión.
Contexto: La disputa legal por el predio
El Refugio Franciscano (fundado en 1977) ha albergado miles de animales rescatados, pero enfrenta un litigio desde 2009 con la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, propietaria legal del terreno.
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En diciembre 2025, un juez ordenó la entrega del predio a la fundación, pero el refugio obtuvo amparos y suspensiones para recuperar el lugar.
Luego activistas y el refugio denunciaron un desalojo encubierto con fines inmobiliarios (posible «mega desarrollo»).
La fundación asegura haber atendido a los animales desde su ingreso y ofrece colaborar con el gobierno.
El gobierno capitalino insiste en que la intervención responde solo a las evidencias de maltrato, no al conflicto de propiedad.
