A sus 30 años, Samara Martínez ha vivido más dolor que muchas personas en toda una vida. Dos trasplantes de riñón rechazados, diálisis diaria de más de 10 horas y un lupus eritematoso sistémico que no da tregua la llevaron a una conclusión:
«El Estado no puede obligar a nadie a sufrir».
Este martes, la activista originaria de Nuevo León entregará en el Congreso de la Unión más de 100 mil firmas recolectadas en Change.org para impulsar la Ley Trasciende, una iniciativa ciudadana que busca despenalizar la eutanasia activa en México para pacientes con enfermedades terminales o padecimientos crónico-degenerativos irreversibles.
«No pido morir. Pido que, si no hay cura, no me obliguen a vivir en agonía», dijo Samara Martínez, promotora de la Ley Trasciende.
El calvario que dio origen a una ley
Samara fue diagnosticada con lupus a los 19 años. Desde entonces, su cuerpo ha sido un campo de batalla: insuficiencia renal crónica, hipertensión pulmonar, trombosis recurrentes y un corazón que late con esfuerzo.
Los médicos le han dicho que no hay más tratamientos viables.
En México, la eutanasia activa está prohibida por el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, que la tipifica como «homicidio por piedad» con penas de hasta 12 años de prisión.
Solo 20 estados permiten la eutanasia pasiva (rechazar tratamientos que prolonguen la vida), pero no una intervención médica activa para acabar con el sufrimiento.
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¿Qué propone la Ley Trasciende?
La iniciativa busca reformar la Ley General de Salud para reconocer la eutanasia activa como un derecho humano, con un marco legal estricto:
La ley no aplica a depresión, problemas mentales transitorios ni menores de edad. Tampoco es obligatoria: solo garantiza la opción para quienes la soliciten.
El camino por delante
Si la Ley Trasciende avanza, México se convertiría en el tercer país de América Latina en despenalizar la eutanasia activa.
El proceso legislativo podría tomar meses o años, pero Samara no tiene tiempo que perder.
