Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Morelos evitaron que la Fiscalía de Justicia Estatal realice una diligencia en la fosa común irregular ubicada Jojutla.
Integrantes de los colectivos exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional durante el proceso de exhumación.
La protesta se realizó por la ausencia de una segunda institución en la recuperación de restos humanos el cementerio Pedro Amaro.
Familiares de las personas desaparecidas argumentan que la Fiscalía de Justicia Estatal ha mostrado una ineficaz actuación en el caso. De acuerdo con los colectivos, en esta fosa irregular podrían estar inhumados hasta 80 cuerpos.
Te podríainteresar
Las fosas del panteón se han abierto en dos ocasiones anteriores durante el 2017 y 2022. En estos procesos, investigadores descubrieron más de 80 cuerpos, solo identificaron a dos de ellos y los devolvieron a sus familiares
https://twitter.com/Fiscalia_Mor/status/1854592614567494045
https://twitter.com/Fiscalia_Mor/status/1854592614567494045
Historia de las fosas de Jojutla
Las fosas clandestinas, en realidad, se refiere a fosas comunes ubicadas en el panteón Pedro Amaro, las cuales se usaron violando protocolos legales establecidos.
La Procuraduría General del Estado de Morelos, hoy FGE utilizaba para inhumar de manera irregular decenas de cuerpos de personas no identificadas dentro de estos sepulcros.
Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete, joven secuestrado y asesinado en 2014, quien fue localizado en las fosas de Tetelcingo, denunció que la fiscalía estatal ha sido ineficiente en la obtención de perfiles genéticos.
“Como colectivos hemos trabajado a lo largo de 10 años en la recuperación digna, identificación y entrega de las personas que han sido inhumadas en las fosas comunes de Tetelcingo y Jojutla. Dichas fosas comunes irregulares son evidencia de la irresponsabilidad y omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado.»
https://twitter.com/lasillarota/status/1854294229788279116
“La Fiscalía de Morelos fue incapaz de obtener perfiles genéticos fiables en 2016 y 2017. No podemos permitir que esa ineficiencia se repita y se condene a nuevas desapariciones a los restos que están aquí, sin la certeza de su identificación”, señaló Hernández.
Los colectivos han solicitado el apoyo de la gobernadora Margarita González Saravia para que la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República se involucren en el proceso.
