En los últimos años, el tema de las denuncias falsas ha ganado visibilidad en el debate público. Desde redes sociales hasta tribunales, han surgido casos en los que una persona es señalada como autora de un delito que, finalmente, resulta no haber ocurrido. Ante esta problemática, la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha presentado una iniciativa que busca reformar el artículo 248 Bis del Código Penal Federal para sancionar de manera clara y específica a quienes presenten denuncias falsas.
Actualmente, el Código Penal ya contempla sanciones para quienes rinden declaraciones falsas, pero no aborda con precisión el acto de presentar una denuncia falsa como tal. Esta omisión, según la diputada, genera un vacío legal que permite a algunas personas abusar del sistema judicial sin consecuencias claras, afectando tanto a los acusados injustamente como a las instituciones que deben investigar estos casos.
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La iniciativa propone castigar con prisión y multas económicas a toda persona que, con la intención de inculpar a alguien, simule pruebas o denuncie hechos que no ocurrieron, siempre que se demuestre que los dichos son falsos. Esto, subraya la legisladora, no debe entenderse como un obstáculo al derecho legítimo de denunciar, sino como una forma de proteger a quienes realmente buscan justicia y de evitar que el sistema se use como un instrumento de venganza o manipulación.
El uso irresponsable de las denuncias tiene múltiples consecuencias. Quienes son falsamente acusados enfrentan daños irreparables en su reputación, su vida laboral, sus relaciones personales y su salud mental. Además, las instituciones encargadas de impartir justicia deben gastar tiempo y recursos en investigaciones infundadas, en lugar de enfocarse en los casos reales que sí requieren atención urgente.
Caso que ejemplifica este problema: El suceso ocurrió en la Ciudad de México, donde una mujer apodada en redes sociales como «Lady Uber» fue captada en video mientras amenazaba a un conductor de la plataforma Uber con acusarlo falsamente de acoso si no aceleraba el trayecto. El hecho, ampliamente difundido en redes sociales, generó indignación y abrió el debate sobre el uso del sistema de justicia como herramienta de presión o manipulación. Gracias a la cámara instalada en el vehículo, se pudo evidenciar que la denuncia habría sido fabricada, lo que puso en relieve la necesidad de establecer consecuencias legales claras para estos actos.
No obstante, también es importante señalar que los casos de denuncias falsas no representan la mayoría. Organismos nacionales e internacionales han advertido que la impunidad en delitos como el acoso o la violencia sexual sigue siendo altísima, y que muchas víctimas optan por no denunciar por miedo a represalias o por falta de confianza en las autoridades. Por eso, resulta fundamental que cualquier reforma legal garantice un equilibrio: sancionar los abusos, sí, pero sin desincentivar el derecho a denunciar.
Esta reforma no solo busca fortalecer el marco jurídico, sino también promover una cultura de responsabilidad en el ejercicio del derecho a denunciar. Si el sistema funciona correctamente, las víctimas tendrán confianza para acudir a las autoridades, y quienes lo utilicen con mala fe sabrán que enfrentarán consecuencias.
Comentario Personal:
La iniciativa abre la puerta a un debate necesario: cómo evitar que la justicia sea utilizada como un arma, sin limitar su función principal de proteger los derechos y la dignidad de las personas. Castigar las denuncias falsas no significa negar la existencia de delitos, sino asegurar que cada denuncia que llegue a las autoridades tenga como única motivación el deseo de obtener justicia, y no el de perjudicar injustamente a alguien más.
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