El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, tomó la palabra este lunes 14 de septiembre de 2026 en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para responder a los señalamientos mediáticos sobre su declaración patrimonial.
Tras la publicación de un patrimonio estimado en 47.5 millones de pesos, el funcionario calificó los reportajes de Reforma, El Universal y TV Azteca como una “campaña de difamación” y ofreció detalles precisos sobre el origen y valor de sus bienes.
Contexto de la polémica
La declaración patrimonial de Romero, que había estado clasificada como confidencial, se hizo pública después de que la presidenta Sheinbaum le pidiera transparentarla.
El documento revela inmuebles, terrenos, cuentas bancarias y otros activos por un total aproximado de 47 millones 534 mil pesos.
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Parte de la controversia se centró en la comparación de su ingreso anual con el de la mandataria y en la percepción de que algunos bienes fueron adquiridos de forma reciente o irregular.
Aclaraciones clave de Octavio Romero sobre sus bienes
Durante su intervención, Romero detalló punto por punto los principales activos cuestionados:
Terrenos en Tabasco
El funcionario explicó que posee un rancho y varios predios rústicos, entre ellos uno de aproximadamente 49 hectáreas en Cunduacán, Tabasco.
– Uno de los terrenos se adquirió en 1984 (hace 42 años) por 1 millón de pesos en “viejos pesos”.
– Otros se compraron en 1992 (hace 34 años).
Según Romero, los valores en las escrituras aparecen inflados por la denominación monetaria antigua. Estimó que el valor actual conjunto de esos terrenos ronda los 6.8 millones de pesos, lejos de los más de 28 millones que, aseguró, le atribuyeron algunos medios. Insistió en que no se trata de adquisiciones recientes, sino de propiedades de décadas de antigüedad.
Casa en Tlalpan
La casa de 132 metros cuadrados fue adquirida en 2001 mediante un crédito hipotecario de Banamex, y no de contado, como se había reportado en algunas coberturas.
Departamentos de 2018
Los dos departamentos de 74 metros cuadrados cada uno, comprados el mismo día en marzo de 2018, correspondieron a una preventa cuando el edificio apenas estaba en cimientos.
Esto permitió precios más accesibles. El pago se completó dos años después a través de créditos hipotecarios con Bancomer.
Otros bienes y estilo de vida
Romero fue enfático:
“No tengo auto (…) nunca, jamás en mi vida he comprado joyas. Yo no provengo de una familia con esas costumbres ni con ese nivel socioeconómico».
También negó poseer obras de arte. Aseguró que su patrimonio es el resultado de 44 años de trabajo tanto en el sector privado como en el público, y que prácticamente no ha crecido de manera significativa con el tiempo.
Sobre su sueldo e ingresos
Uno de los puntos más polémicos fue la comparación de ingresos.
Romero aclaró que su ingreso bruto anual de 2025 fue de 2 millones 261 mil 994 pesos, cifra inferior a los 2 millones 302 mil 152 pesos reportados por la presidenta Sheinbaum (ambos montos previos al pago de impuestos).
Afirmó que su remuneración se ajusta al tabulador federal y no supera el de la jefa del Ejecutivo.
Postura del funcionario
Romero sostuvo que su declaración patrimonial es “histórica” (la ha presentado durante años) y que las críticas carecen de sustento.
Acusó a los medios de presentar de forma distorsionada información pública y de generar una narrativa de corrupción sin pruebas. En un tono firme, señaló: “No todos somos iguales, los corruptos son ellos”.
La presidenta Claudia Sheinbaum le cedió la palabra en el marco de una defensa más amplia sobre la transparencia de su gobierno y frente a lo que calificó como operaciones mediáticas de la oposición.
Conclusión
La intervención de Octavio Romero en la mañanera del 14 de septiembre de 2026 buscó desactivar la polémica generada por su declaración patrimonial.
El funcionario defendió el origen legítimo y antiguo de sus bienes, rechazó acusaciones de enriquecimiento ilícito y responsabilizó a ciertos medios de una campaña de desinformación.
El caso mantiene el debate público sobre la transparencia de los altos funcionarios y el escrutinio de sus patrimonios.
