La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, no es víctima de persecución política, sino que es investigado por su probable participación en una de las mayores redes de contrabando de hidrocarburos por vía férrea en México, la cual habría causado un perjuicio a la hacienda pública superior a los 4,000 millones de pesos.
Participación de Ernesto Ruffo en la Empresa Investigada
De acuerdo con el comunicado la investigación identificó a una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México como la principal importadora involucrada en las operaciones irregulares.
Ruffo se incorporó a la estructura societaria dos meses después de la creación de la empresa.
En octubre de 2018, mediante una asamblea, ingresó al capital variable, fortaleciendo su presencia dentro de la organización.
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Para el año 2021, Ruffo ya figuraba como accionista y fue designado Secretario del Consejo de Administración.
Desde entonces, participó de manera activa junto con José Merino en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la compañía.
La FGR destaca que tanto Ruffo como su socio José Merino Valdés comparecieron conjuntamente en diversos actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes relacionados con:
– Administración general de la empresa
– Comercio exterior
– Gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras
– Operaciones logísticas
Posteriormente, la empresa amplió su objeto social para incluir de forma explícita el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias.
Evolución de la Investigación que Involucra a Ernesto Ruffo
La carpeta de investigación inició con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, en condiciones de riesgo para la población. Las diligencias no se limitaron a este hallazgo y se extendieron a la cadena logística completa, localizando unidades similares en San Luis Potosí y Nuevo Laredo.
Los tanques declaraban únicamente el 10% de su contenido real, configurando una operación sistemática de contrabando.
Hasta el momento se han asegurado 170 ferrotanques, con un perjuicio fiscal inicial acreditado de más de 100 millones de pesos, aunque el monto total podría superar los 4,000 millones de pesos tras identificar más de 4,000 operaciones irregulares en el primer semestre de 2025.
La FGR ha integrado 96 datos de prueba, incluyendo dictámenes periciales en química, ingeniería mecánica, eléctrica, criminalística y fotografía, que sustentan la probable responsabilidad de las personas vinculadas, entre ellas Ernesto Ruffo.
“No se trata de persecución política”
La Fiscalía fue clara y directa al respecto:
“Ernesto Ruffo no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido.”
Además, recordó que el delito de delincuencia organizada —del cual se le imputa probable responsabilidad— está catalogado en la Constitución como grave y amerita prisión preventiva oficiosa.
Esto significa que las personas investigadas por este ilícito deben enfrentar su proceso en prisión, independientemente de su perfil público.
Investigación Técnica y Apegada a Derecho
La FGR insistió en que todas las acciones se han desarrollado con estricto apego a la ley, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de Ruffo y los demás imputados.
Los resultados son fruto de un trabajo progresivo basado en inteligencia financiera, análisis documental, pericial y coordinación interinstitucional.
Conclusión
La investigación contra Ruffo se sustenta en evidencias documentales y periciales sobre su rol dentro de la estructura empresarial presuntamente utilizada para el contrabando masivo de hidrocarburos.
La FGR reitera que no existe motivación política alguna y que continuará integrando la carpeta de investigación para esclarecer completamente los hechos.
