El Congreso de la Unión aprobó una nueva reforma fiscal que impondrá un impuesto del 8% a los videojuegos considerados “violentos” en México, una medida que ha generado debate entre legisladores, jugadores y la industria del entretenimiento digital.
La propuesta, impulsada por el Gobierno Federal dentro del Paquete Económico 2026, fue avalada por ambas cámaras, obteniendo 76 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones, y busca modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Con esta reforma, tanto los videojuegos físicos como digitales que contengan escenas o dinámicas violentas deberán pagar un impuesto adicional.
https://twitter.com/senadomexicano/status/1983378230384930868
¿Por qué aprobaron el impuesto a videojuegos “violentos” en México?
De acuerdo con los legisladores que respaldaron la iniciativa, el objetivo es “proteger a la infancia y promover un consumo responsable”, además de incrementar la recaudación. Sin embargo, el proyecto no especifica con claridad qué criterios se utilizarán para determinar qué títulos serán catalogados como violentos, lo que ha despertado preocupación entre desarrolladores y distribuidores.
Organizaciones de la industria tecnológica y del gaming, así como internautas expresaron su rechazo a este aumento, pues además de afectar a las empresas del sector y fomentar la piratería digital, señalaron que no existen pruebas concluyentes de que los videojuegos promuevan la violencia en la vida real. Usuarios ya han expresado su descontento con mensajes y memes en redes sociales.
https://twitter.com/XQestendenciaMX/status/1983404005825888688
https://twitter.com/rodrigosiloz092/status/1980077699969519835
Por otra parte, expertos señalan que el nuevo impuesto podría frenar la inversión extranjera y limitar el crecimiento de un sector que en México genera miles de empleos y atrae a una amplia comunidad de consumidores jóvenes.
¿Cuándo iniciará el aumento de impuestos?
La reforma entrará en vigor una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, y se espera que comience a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026. Mientras tanto, algunos especialistas no descartan que empresas o asociaciones impugnen la medida por sus posibles afectaciones económicas.
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