José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán fue imputado por el delito de delincuencia organizada en agravio de la colectividad por su presunta relación con el rancho Izaguirre.
Al alcalde se le dictó prisión preventiva, tras ser detenido el sábado por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), quien en audiencia mencionaron los siguientes cargos: reclutamiento de personas, trata y explotación de personas, trabajo y adiestramiento forzado, así como desaparición forzada de personas.
El abogado de Murguía Santiago admitió la complejidad del caso por lo que indicó que se apegarían al término constitucional de las 144 horas, lo que se traduciría en conservar su derecho a no declarar. Trascendió que la próxima audiencia será el viernes 9 de abril.
«Ya es un tema que las autoridades van a resolver, es lo que les puedo mencionar, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y las autoridades tendrán que resolver conforme a derecho» dijo el litigante.
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Mencionó que su versión de los hechos la darán el viernes en la continuación de la audiencia inicial, «el día de hoy sólo se escucharon los datos de prueba por parte de la fiscalía».
Además, reveló que a su cliente se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta que se resuelva su situación jurídica.
Murguía es imputado por delitos de desaparición forzada
Los hechos a investigarse consideran el reclutamiento de personas para el crimen organizado, la trata y explotación de personas, trabajo y adiestramiento forzado, y desaparición forzada de personas con complicidad de las autoridades, según lo establece el Ministerio Público en la causa 473/2025.
En la actualidad, Murguía cumplía con su segundo mandato como alcalde de Teuchitlán, representando a Movimiento Ciudadano; sin embargo, su primera administración municipal fue de 2012-2015, con el PRI.
José Ascensión «N» es reconocido por víctimas
Autoridades sostienen que el alcalde emecista fue reconocido como reclutador por las víctimas del rancho Izaguirre. José Ascensión atraía a las víctimas con engaños hacia el predio y si completaban el entrenamiento eran enviadas a Zacatecas, de lo contrario, eran asesinadas.
El presidente municipal tenía conocimiento de los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre, y permitía que los delincuentes operaran sin ninguna restricción, según la Fiscalía.
Además, se le acusa de poner patrullas policiales a disposición de los grupos delictivos para dichas actividades ilícitas y de proporcionar vigilancia para evitar la fuga de las personas reclutadas.
Según información oficial, el presidente municipal recibía 70 mil pesos mensuales por su complicidad.
